16,6 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en Perú, es decir, más de la mitad de la población no puede acceder a una dieta saludable, según el informe SOFI 2022 de la FAO. En Lima Metropolitana, cerca del 80% de las familias peruanas sufren de inseguridad alimentaria (moderada y severa), según el último informe de Acción contra el Hambre.
“Vivir en situación de inseguridad alimentaria significa no contar con acceso regular a alimentos y la falta de recursos económicos para llevar una vida saludable”, explica América Arias, Directora País de Acción contra el Hambre en Perú. El incremento de los precios de los alimentos modifica el costo promedio de 378 soles por persona de una canasta básica, aumentando el gasto por familia destinado a alimentación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha habido un incremento del 0,56% en el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional lo que ha repercutido en las familias, que se han visto obligadas a cambiar sus hábitos de consumo y, por tanto, alimentarios. Cabe destacar el aumento de precios en los alimentos – en particular en el precio de la papa con un incremento del 22%- y bebidas no alcohólicas.
Afrontar la crisis alimentaria
Para América Arias hay que atender las necesidades urgentes para hacer frente a la crisis alimentaria, dar respuesta a la situación de inseguridad alimentaria de la población tanto nacional como migrante en contexto urbano y periurbano, y abordar la falta de acceso económico a alimentos y recursos por parte de la población vulnerable. Por otro lado, hace un llamado a la participación de todos los actores: Estado, sector privado y cooperación internacional para apoyar al Perú en esta situación de crisis. “Perú es un país que, en tres años, con un correcto apoyo y con una gestión eficiente, puede evitar quedarse anclado al círculo de la pobreza y el hambre”, añade.
Para apoyar a los pequeños agricultores locales, el Gobierno peruano dispuso a finales de agosto la entrega de un nuevo subsidio denominado ‘Fertiabono’ para la compra de urea u otros fertilizantes para productores que cultivan hasta 10 hectáreas.
Otras alternativas de solución a la crisis alimentaria tienen que ver con políticas públicas hacia una alimentación saludable y con la descentralización territorial que sea favorable para la agricultura familiar, pasando por la promoción y mayor consumo de productos hidrobiológicos de pesca y acuicultura sostenibles.
