“Con más de ochocientos mil refugiados venezolanos y una de las crisis más grandes de la región por la COVID-19, Acción Contra el Hambre busca garantizar el bienestar de las poblaciones vulnerables en el Perú.”
En América Latina y el Caribe la lucha contra la pobreza es uno de los desafíos más difíciles de enfrentar y no solo como consecuencia de la COVID-19. Otras amenazas, tales como el cambio climático y demás conflictos sociales, también repercuten directamente en el alcance de este objetivo. Durante los últimos años se logró un importante progreso, reflejado en la reducción de la tasa anual de pobreza en un 1% anual durante el periodo 1990 a 2015. Sin embargo, esta tendencia comenzó a desacelerarse mucho antes de la llegada de la pandemia, pues ya entre los años 2015 y 2017 los resultados fueron de un 0,5 %, según cifras del Banco Mundial.
A pesar de este retraso en la lucha hacia el fin de la pobreza, Perú ha sido reconocido como uno de los países que más carencias ha reducido o eliminado en diez indicadores incluidos en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): nutrición, mortalidad infantil, años de escolarización, vivienda, bienes, agua potable, combustible de cocina, saneamiento y electricidad. Así, a partir del 2006, el porcentaje de población en situación de pobreza ha disminuido de 20 a 12,7 % (PNUD, 2019).
MIGRACIÓN Y DESIGUALDAD
En los últimos cuatro años, el Estado peruano se ha enfrentado a un nuevo reto: la acogida de los miles de venezolanos y venezolanas que llegaron a causa de la crisis política, económica y social de su país. Las vulnerabilidades de esta población se sumaron a aquellas que ya afrontaban las familias en zonas urbanas y rurales en el Perú. El impacto de la pandemia global no solo ha significado un retroceso inevitable en la erradicación de la pobreza, sino también un incremento abrupto en las brechas de desigualdad. Frente este panorama, Acción Contra el Hambre trabaja para lograr un desarrollo sostenible del Perú, donde derechos básicos como la salud, el acceso a agua y saneamiento, y la seguridad alimentaria sean garantizados para el bienestar de todos y todas.
FRENAR LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID-19
Acción Contra el Hambre ha enfocado sus esfuerzos en las personas más vulnerables afectadas por las crisis complejas y prolongadas que se están dando en la región, mediante una respuesta multisectorial integrada en diferentes paises de América Latina, gracias a los fondos recibidos de la Unión Europea, a través de ECHO (Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria).
En el caso de Perú, se ha trabajado directamente con migrantes en siete distritos de Lima Metropolitana, priorizando la seguridad alimentaria y nutrición, la promoción de la higiene, el acceso a agua y saneamiento, el cuidado de la salud mental y la atención a la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR).
Responder a la emergencia es clave, pero resulta fundamental tener una visión estratégica para facilitar el trabajo del gobierno durante la reconstrucción, tanto en esta nueva fase de la pandemia como en post pandemia y así atender, de forma planificada, las necesidades básicas de la población más afectada. Con esta visión estratégica y de ejecución de proyectos con alta sostenibilidad, Acción contra el Hambre ha logrado impactar positivamente en la vida de 31 999 migrantes refugiados en el último año de intervención del proyecto en Perú.
La seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable y migrante son dos ejes de acción prioritarios de Acción contra el Hambre. Según cifras del estudio multisectorial que realizó la propia organización, en Lima Metropolitana, casi el 70 % de las familias con niñas y niños venezolanos menores de dos años no reciben una adecuada cantidad y diversidad de alimentos aceptables ni una frecuencia mínima de comidas. A través de la difusión de información a las familias y la distribución de alimentos, especialmente a niños y niñas menores de 6 años, se ha logrado prevenir y combatir la anemia a un total de 13 766 personas.
“Al inicio de la pandemia nos costó seguir dando un soporte más presencial a nivel de albergues, pero se manejaron de una manera virtual para que sumado a las canastas enviadas se pueda seguir dando las preparaciones con un control y data adecuada que garantice una buena alimentación.” explica Cynthia Condori, Nutricionista de Acción contra el Hambre.
Entre los desafíos del 2020 estuvo asegurar la correcta alimentación de las poblaciones con menos recursos. Las ollas comunes han sido el motor que ha permitido a muchas familias en nuestro país sobrevivir a la falta de ingresos durante la pandemia. Lograr que los víveres lleguen a los distintos distritos del país ha sido una tarea exitosa gracias a la articulación con el Estado, los beneficiarios y las organizaciones de base. Durante todo el proyecto se repartió un total de 105 toneladas de alimentos en albergues, ollas comunes y comedores populares (alimentos frescos y secos sin preparar) y 22 665 raciones/platos de comida en albergues (alimentos preparados distribuidos).
“Es sumamente importante que los gobiernos locales tengan esta alianza con Acción Contra el Hambre y la Unión Europea para que podamos llegar a todas las personas que lo necesitan. Actualmente, tenemos 90 ollas comunes que ayudan a más de 7 500 familias de todo San Juan de Miraflores”, afirma Cristina Nina Garnica, Alcaldesa de San Juan de Miraflores.
La pandemia abrió un nuevo escenario para la economía popular y especialmente para la empleabilidad y el emprendimiento de la población en situación de vulnerabilidad. En este nuevo contexto el 33% de migrantes y refugiados venezolanos se ha quedado sin empleo durante la cuarentena y solo el 8,8% de los que aún lo conservan se encuentra laborando (Equilibrium CenDE, 2020). Las cifras previas a esta situación demostraban que, en una composición familiar promedio de 3,5 miembros, casi la mitad generaba ingresos, mayormente informales, y estos solo permitían la subsistencia. Destaca el hecho que el 72,9 % de los hogares venezolanos son impulsados por mujeres (Acción Contra el Hambre, 2019).
Antes de la pandemia, Erickmar Aristigueta era una trabajadora en planilla con todos los beneficios de la ley, pero en el 2020 fue despedida por la crisis económica que trajo consigo la COVID-19. Actualmente, ella no solo se enfrenta al desempleo y a las necesidades que debe cubrir para sostener a su familia, sino que también debe encontrar recursos que le permitan darle el tratamiento adecuado a su hija menor, que padece de leucemia.
La implementación de grupos de apoyo socioemocional para acompañar a las personas, tanto en su proceso migratorio como en el manejo de la pandemia, contribuye a empoderarlas y a que puedan salir adelante. El acceso a salud psicosocial, sexual y reproductiva es igualmente una prioridad que se garantiza promoviendo conductas saludables, a través de sesiones educativas y consejería respetuosa.
“Las charlas psicológicas han enseñado a mantener la calma, a ser perseverante, a no decaer, a no desmayar y ahorita necesitamos el apoyo de personas profesionales que nos asesoren de cómo llevar esta situación, porque con trabajo constante todo se puede lograr” asegura Erickmar.
Sin agua y saneamiento es casi imposible combatir la enfermedad de la COVID-19. En Lima Metropolitana cada vez más familias pueden acceder a este servicio, pero las prácticas de higiene son muy deficientes por falta de recursos materiales. Por ello, se realizó la entrega de 2 435 kits de higiene, 158 kits de limpieza y 90 kits de protección. Además, para prevenir los contagios en mercados y centros comunitarios se instalaron 40 sistemas de lavamanos, entre dos a cuatro lavamanos por mercado o centro comunitario dependiendo de la cantidad de entradas y salidas de los espacios. De esta manera se pudo garantizar el acceso a agua potable y condiciones de higiene y saneamiento decentes de 9 740 peruanos y venezolanos.
“La idea es apoyar a las diversas acciones preventivas que promueven los mercados, vimos diversas alternativas y consideramos que la que hemos implementado es buena porque facilita el lavado de manos, es adaptable a los espacios y el material que se usa es reciclable” explica Giuliana Sanchez, técnica en agua y saneamiento de Acción contra el Hambre.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN
El proyecto desarrollado por Acción contra el Hambre, con fondos de la Unión Europea, finaliza este año, pero el compromiso con las poblaciones más vulnerables continúa. Esta iniciativa reafirmó la importancia de los ejes de intervención sobre los que se viene trabajando desde 2018 y contribuyó a visibilizar las necesidades de venezolanos y venezolanas que luchan diariamente por proporcionarles condiciones de vida más favorables para sus familias. Encontrar albergue y vivienda es uno de los principales problemas que enfrentas las y los migrantes al ingresar al territorio, principalmente por la falta de redes de apoyo a su llegada. En ese sentido, estar en la primera línea es fundamental no solo para dar respuestas prontas y eficaces, sino para recordarles que en este proceso no están solos.
Los resultados obtenidos demuestran que la única manera de mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de la población migrante venezolana, es con el trabajo articulado entre todas las organizaciones. Solo así podremos garantizar derechos universales a quienes abandonaron su país en búsqueda de mejores oportunidades.
